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El SNA, a un año

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La historia del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha sido una historia de retos. Su concepción no se logró sino después de un intento fallido, cuando el Senado aprobó la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que no logró el respaldo de la Cámara de Diputados; su gestación tuvo momentos críticos, como la definición del diseño institucional del propio Sistema que tenía el reto de ser eficiente pero, sobre todo, legítimo y confiable a los ojos de los ciudadanos, o como los famosos formatos 3de3 para hacer públicos el patrimonio y los intereses de los funcionarios de gobierno. En cuanto al parto, la criatura aún no termina de nacer.

Como mucho se ha comentado en los medios de comunicación, faltan de ser nombrados por el Senado de la República el fiscal Anticorrupción, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de investigar los delitos de corrupción que ameritarían cárcel, y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), responsables de imponer sanciones a faltas relacionadas con corrupción que no ameritarían cárcel. Aunque para el nombramiento de estos funcionarios la ley no establece una fecha límite y aunque las funciones de investigar y sancionar delitos y faltas de corrupción están siendo cumplidas supletoriamente tanto por la PGR como por el Tribunal, claramente su resolución es urgente para completar el SNA y garantizar su buen funcionamiento. 

En dos días se cumplirá un año de la promulgación de las siete leyes que dieron forma y procesos al Sistema Nacional Anticorrupción. También es la fecha en la que entrará en vigor la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mejor conocida como la Ley 3de3, y cuando se cumple el plazo para que las 32 entidades federativas armonicen sus leyes locales y creen sus propios sistemas anticorrupción.

En cuanto a la implementación de la Ley 3de3, uno de los asuntos sobre los que hay más expectativa es la definición de los formatos para publicitar bienes e intereses de los servidores públicos, sobre todo después de que fueran controvertidos en la Suprema Corte por el PRI y el PVEM. Aquí el reto es que éstos cumplan, efectivamente, con el principio de máxima publicidad y no sean inocuos.

Sobre el avance de los estados en la creación de sus sistemas anticorrupción tenemos que Campeche y Chihuahua son las únicas entidades que aún no han hecho su armonización constitucional ni legislación secundaria; once entidades aún no cuentan con leyes secundarias; Querétaro, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sonora cuentan ya con un fiscal Anticorrupción en funciones; el Estado de México, Morelos, Nayarit y Sonora ya nombraron a sus magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, llegaremos a la fecha en la que todas las entidades deberían tener sus sistemas anticorrupción completos, con Querétaro como el único en haberlo logrado.

Al retraso en la  conformación del SNA y de los sistemas locales hay que sumar las críticas que desde el Senado se han hecho al Comité de Participación Ciudadana, cuyo papel es el de servir de contrapeso a los órganos de gobierno que integran el Sistema. Esto en nada ayuda al fortalecimiento de lo que ha sido la apuesta institucional más ambiciosa por combatir nuestro problema estructural más grave en la historia.

Pero no todo son malas noticias. Apenas hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación entregó los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016, bajo la nueva ley que le permite hacer auditorías y detectar irregularidades en el ejercicio de recursos públicos en tiempo real.

A un año de la puesta en marcha del SNA, debemos reafirmar el compromiso por fortalecerlo y hacerlo eficiente. Solo así estaremos un paso más cerca de combatir la corrupción y terminar con la impunidad en nuestro país.